domingo, 31 de enero de 2010

¿Fue pecado dejar que Federico Jiménez Losantos y César Vidal abandonaran la COPE?

Según Libertad Digital, la COPE planea un ERE que podría afectar a unos 200 de sus trabajadores. Sería la confirmación de una consecuencia de la decisión de la cadena de prescindir de sus dos principales comunicadores y que algunos ya pronosticaban.

He de reconocer que cuando me enteré el año pasado de la salida de Federico y César de la emisora me entristecí y me sentí divido. Por una parte admiro la capacidad comunicadora de estos presentadores y por otra considero importante que la Iglesia cuente con un medio de comunicación que haga llegar su mensaje a la sociedad. Como católico y liberal, la COPE se había convertido en una referencia que aunaba las dos tendencias.


Quizás pudiera parecer extraño el título de esta entrada, pero el objetivo de la misma es analizar la moralidad de la decisión tomada por la emisora. Antes de continuar quiero dejar claras unas ideas. No es mi intención criticar a la Iglesia ni constituir motivo de escándalo para otros católicos. Mi adhesión a su mensaje y a su misión ya ha sido expuesta en este blog en varias entradas. Sin embargo, tratando de ser honesto conmigo mismo, he considerado necesario analizar este asunto en profundidad, más allá de mis impresiones iniciales. Y esta entrada es el resultado de mi reflexión. No se trata tampoco de adular a Federico y César, como pudieran pensar algunos por mi pertenencia a Red Liberal. Esté agregador de blogs me ha permitido llegar a muchas más personas de las que hubiera conseguido por mis propios medios, pero mi objetivo, como el de muchos otros blogueros, es la búsqueda de la verdad tratando de ser consecuente con mis principios, más allá de la pertenencia a cualquier grupo.

Para poder comenzar el análisis, veamos los antecedentes de la decisión de la COPE. A pesar de ser conocidos por todos, considero necesario mencionarlos para un mejor entendimiento de la exposición. Posiblemente desde el principio, algunas personas no veían oportuno que un agnóstico y un protestante fueran las estrellas de la emisora. La Iglesia comparte un núcleo de ideas, pero también existe en su seno diferentes formas de ver determinados asuntos accesorios. Sin embargo, supongo que estas reticencias fueron analizadas con detalle y el resultado de su elección fue un crecimiento sin precedentes de la cadena (quien esté interesado en los detalles puede leer “De la noche a la mañana”, el libro publicado por Federico Jiménez Losantos). Así, las cosas fueron de maravilla para alegría de todos. Sin embargo, las situaciones cambian. Los enfrentamientos de Federico con el PP y con algunos de sus dirigentes ante determinas posturas de estos, las tendencias nacionalistas de algunos obispos miembros de la Conferencia Episcopal, y algunas declaraciones del director de la Mañana, hicieron que se consolidara una fuerte corriente a favor de prescindir del locutor. Por otra parte, también era evidente la dependencia económica de la COPE del trabajo de los dos presentadores, en especial de Federico Jiménez Losantos, cuyo programa facturaba el 75% de la publicidad de la cadena. Al final, como todos sabemos, ganó la postura de prescindir de los servicios de ambos locutores, pues la oferta de la COPE difícilmente podía ser aceptada por los mismos.

Una vez vistos los antecedentes pasemos a analizar el acto realizado por la COPE, es decir la decisión de dejar que Federico Jiménez Losantos y César Vidal abandonaran la cadena. Dice un principio básico de teología moral que para que una acción sea buena, es necesario que lo sean sus tres elementos: objeto bueno, fin bueno y circunstancias buenas; para que el acto sea malo, basta que sea cualquiera de sus elementos (“bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu”: el bien nace de la rectitud total; el mal de un solo defecto; Santo Tomás, S. Th. I-II, q. 18, a.4 ad 3).

Comoquiera que no todos los lectores han de estar acostumbrados a los conceptos morales recién mencionados, pasaré a explicarlos, aplicándolos al caso que nos atañe.

El objeto de un acto es la acción misma del individuo, pero tomada bajo su consideración moral. Por ejemplo, el acto de hablar puede tener distintos objetos, tales como mentir o rezar. En algunos casos el acto en su mismo no tiene moralidad alguna (por ejemplo pasear), pero la recibe de su finalidad o circunstancia (para descansar o cuidar la salud, o hacerlo con una mala compañía). El acto de la COPE fue prescindir de Federico y César. Este acto en si mismo no tiene ninguna connotación moral, por lo que la recibe de su finalidad, que según algunas declaraciones sería cumplir el primer mandamiento: Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto es así ya que uno los problemas que se indicaba era que el trabajo de los presentadores dificultaba la labor de la Iglesia. Y en esencia la labor de la Iglesia es evangelizar, comunicar el mensaje de Cristo para conseguir la salvación y felicidad de los hombres. Por lo tanto, según estos planteamientos, el objeto de la acción era bueno ya que su finalidad también lo era. Sin embargo, lo que no acabo de comprender es porqué Federico y César dificultaban la labor de la Iglesia en sus antiguos programas y no lo hubieran hecho en la nueva situación que les ofreció la COPE, que fue realizar un programa conjunto en horario de tarde-noche.

En relación a la finalidad, ya hemos comentado la misma. Es evidente que dicha finalidad era buena y por ello da su carácter moral al objeto mencionado.

Por último, analicemos las circunstancias del acto. Estas son los diversos factores o modificaciones que afectan al mismo. Aunque el binomio objeto-finalidad es la sustancia para la definición moral del acto, las circunstancias pueden afectar en diversa forma a su clasificación moral. En nuestro caso, permitir que la acción de los presentadores dificultara la labor de la Iglesia sería malo, pero que sea permitido por la Conferencia Episcopal, principales propietarios de la cadena, agravaría el mal, al estar estos obligados a dar un especial ejemplo por su posición en la Iglesia. Por lo tanto, las circunstancias contribuyen a la bondad del acto.

Por todo lo dicho, al confirmar que tanto el acto, como la finalidad y las circunstancias eran buenos, podríamos afirmar que la acción de prescindir de Federico Jiménez Losantos y César Vidal no constituyó un pecado, siempre y cuando hubiera sido cierto que los comunicadores dificultaban la labor de la Iglesia, lo cual, como hemos visto, no está del todo claro. Es más, puede incluso que su marcha ocasione que la COPE no pueda llevar su mensaje a tantas personas como lo hacía con ellos, lo cual convertiría el acto de bueno a malo, y nos encontraríamos ante un pecado. Además, hemos de analizar otro aspecto de la cuestión, pero para ello hemos de ver el concepto de acto voluntario indirecto.

Un acto voluntario indirecto se da cuando, al realizar una acción, además del efecto que se persigue de modo directo con ella, se sigue otro efecto adicional, que no se pretende sino que se tolera por venir unido al primero. En nuestro caso, parece confirmarse que el acto de prescindir de Federico y César tiene como acto voluntario indirecto el despido de una gran parte de los trabajadores de la COPE. Esto en si mismo es contrario al séptimo mandamiento, que aunque su enunciado literal nos indica no robar, realmente ordena hacer buen uso de los bienes terrestres y prohíbe todo lo que atente a la justicia en relación con esos bienes. Así, unos de los pecados contra el séptimo mandamiento sería el daño injusto. Cometen este pecado los que por malicia o culpable negligencia causan grave perjuicio en los bienes de otros, destruyéndolos o deteriorándoles. Por lo tanto, el perjuicio que se ocasione en todos aquellos trabajadores que serían despedidos podría considerarse un daño injusto que afecte al séptimo mandamiento. Evidentemente, la cuestión a considerar sería si ha habido culpable negligencia por parte de los directivos y propietarios de la COPE. De todas formas, hay casos en los que es lícito realizar acciones que junto a un efecto bueno le siga otro malo. Veamos esto con más detalle.

Como ya hemos analizado, podría considerarse un acción buena (con las dudas que ya hemos expresado), el haber prescindido de Federico y César. Este acto bueno tiene como consecuencia otro acto voluntario indirecto que es la perdida de puestos de trabajos que podría considerarse un acto malo. Para que sea lícito realizar un acto bueno que tenga como consecuencia un acto malo han de darse varias circunstancias:

Que la acción principal sea buena en si misma, o al menos, indiferente. En este caso la acción es buena (aunque existen dudas al respecto).

Que el efecto inmediato o primero que se produce sea el bueno, y el malo sea sólo su consecuencia necesaria. Ya hemos visto que el efecto primero es facilitar la labor de la Iglesia, aunque podría provocarse el efecto contrario si la COPE tiene problemas económicos, lo que cambiaría la bondad del acto primero. Evidentemente, el despido de trabajadores sería consecuencia necesaria de la decisión tomada.

Que uno se proponga el fin bueno, es decir el resultado del efecto bueno, y no el malo, que solamente se permite. En esta caso no ha dudas. Ni los directivos ni los propietarios de la cadena desean el despido de sus trabajadores.

Que haya un motivo proporcionado para permitir un efecto malo. Quizás este punto es el más conflicto. ¿Merecerá la pena el sacrificio de una gran parte de los trabajadores para conseguir el resultado dudoso de que la Iglesia cumplirá mejor su función con los cambios realizados en la COPE?

Como hemos visto, el análisis moral de prescindir de Federico Jiménez Losantos y César Vidal no es sencillo. Existen aspectos discutibles que no hacen posible afirmar de forma rotunda que dicho acto fue un pecado o no lo fue. Sin embargo, si al final la COPE se convierte en una emisora de radio residual, o incluso llega a desaparecer, todos habremos perdido. Sólo habrán ganado los enemigos de la libertad y la verdad. Quizás ahora tan sólo nos queda rezar para que eso no ocurra.

viernes, 29 de enero de 2010

El Sufrido, el Cómodo y el Listo

He encontrado esta viñeta en el blog Infokratia de Javier Custodio. Podría servir de portada para un cómic basado en la Rebelión del Atlas de Ayn Rand.


miércoles, 27 de enero de 2010

La intervencionista Unión Europea da el visto bueno a las ayudas al cine español

El subvencionado cine español puede respirar tranquilo. La Unión Europea ha considerado que el Plan de Ayudas cumple completamente con las normas comunitarias. Las subvenciones ascienden a un total de 576 millones de euros hasta 2015. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha declarado que agilizará al máximo la convocatoria de ayudas, afirmando que aún existe plazo suficiente para que 2010 vuelva a ser un buen año para el cine español. Ya me imagino todo el trasiego en los despachos del ministerio y el ruido de los sellos autorizando rápidamente las transferencias. Habrá que estar pendiente de las publicaciones en el BOE. Por curiosidad, más que nada.

González-Sinde ha comentado también: "Ese entendimiento con el público es muy importante porque, finalmente, todas las ayudas que se dan en el Ministerio de Cultura van destinadas a que los ciudadanos tengan acceso a la cultura". El problema que veo es que, como de costumbre, el Estado decide por mí y me elige el tipo de cultura a la que debo asistir. Convendría recordarle que ya somos mayorcitos para decidir en qué gastarnos nuestro dinero. Igual, en lugar de cultura me apetece una hamburguesa, aunque quizás tenga problemas para conseguir una, ya que el Ministerio de Sanidad puede que las prohíba.


Haciendo uno sencillos cálculos y repartiendo el monto de subvenciones entre todos los que vivimos en España, a mí me sale que tengo derecho a ver gratis dos películas de cine español hasta el 2015, aunque posiblemente sea demasiado cine español para mi gusto. Quién sabe, los milagros existen.



Enlaces:

Sinde anuncia que Cultura agilizará al máximo las ayudas al cine para 2010 – Estrella Digital.
Sinde lanzará "todo el sistema de ayudas" al cine en pocas semanas – Liberta Digital

domingo, 24 de enero de 2010

¿Debe el Estado imponer una lengua?

Todo el debate surgido por la publicación del decreto de la enseñanza presentado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, me ha llevado a pensar si realmente el Estado debería imponer un determinado idioma en el territorio que controla. Lo primero que necesitaríamos averiguar es si conocer y hablar una determinada lengua constituye un derecho natural. Es evidente que uno de los rasgos distintivos y formadores de un ser humano lo constituye la lengua que aprendió a hablar en su infancia. Todo su conocimiento de la realidad viene mediatizado por ésta y negarle su utilización constituiría una grave agresión a su dignidad como persona. Por dicho motivo, cualquier legislación positiva debe reconocer el derecho a la utilización de la lengua materna. Así lo hace el artículo 3 de la Constitución Española:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

Sin embargo, surge ya aquí el primer problema cuando se afirma que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano. Esto constituye una obviedad para aquellos españoles cuya lengua materna sea el castellano (o español). En este caso no existe deber, ya que su conocimiento es una realidad. Pero, ¿qué sucedería en aquellos casos donde el castellano no sea la lengua materna de un ciudadano español? ¿Tiene el Estado el derecho a imponerle la obligación de su conocimiento? Igual pregunta hemos de hacernos cuando nos encontremos con casos donde las administraciones autonómicas intenten imponer cualquier lengua a aquellas personas que sean castellohablantes.

Es patente que el uso de una lengua vehicular constituye un elemento útil e integrador de una sociedad. Incluso podemos reconocer los motivos económicos para la utilización de una lengua común. Imaginemos en caso contrario la “torre de Babel” que sería una oficina de la Administración. Así, la necesidad de utilizar varias lenguas en el ámbito público evidentemente tiene como consecuencia un incremento de costes. Sin embargo, en determinados territorios, para poder respetar los derechos de los individuos, ha de incurrirse en dicho gasto. Serían aquellos territorios donde existieran grupos lo suficientemente amplios de hablantes de varios idiomas. Sin embargo, la definición de lenguas cooficiales debe basarse en motivos históricos, huyendo de cualquier planteamiento ideológico.

Una consecuencia de la imposición de una determinada lengua, incluso la definida como propia de un territorio, supone una agresión a la libertad de las personas. Como ya hemos comentado, es imposible por sus costos económicos que un Estado respete los derechos lingüísticos de cada uno de sus habitantes. Con los actuales movimientos migratorios es posible encontrar multitud de idiomas en un país. Por dicho motivo, bastaría, como ya hemos dicho, con respetar los derechos de los distintos grupos humanos mayoritarios presentes en un determinado territorio del país. Pero entiéndase que dicho principio es de tipo utilitarista y económico, no existiendo razones para modificar, según la evolución de la estructura humana, las lenguas a utilizar por la Administración. El único principio estable lo constituye el respeto de la lengua materna de una persona. Sin embargo, aunque la Administración se encuentre con el problema descrito, no debería ocurrir lo mismo con la educación. Devuelva el Estado a sus ciudadanos el dinero utilizado para la enseñanza y deje que sean estos quienes decidan dónde utilizarlo. De esta forma, surgirían multitud de centros educativos que se adapten a las preferencias individuales de cada padre, no solo en materia ligüística sino también en muchos otros aspectos. Incluso serían posibles modelos basados en lenguas no propias de un territorio, con la limitación evidente de ser capaces de ofrecer las herramientas lingüísticas necesarias para poder integrarse los alumnos en las sociedades donde viven, pero sin perder con ello el derecho a la elección de su lengua materna.

El diez de junio de 1898, sobre las seis y media de la tarde, una lengua con siglos de historia desapareció de este planeta: el dálmata. Antonio Udina fue su último hablante. Posiblemente fue la lengua materna de San Jerónimo. Las lenguas, igual que las personas, mueren. Pero la responsabilidad de su existencia pertenece a los individuos, no a los estados. Como español, gallego, vasco, catalán, valenciano, balear, asturiano, mirandés, aragonés o extremeño (1), debemos sentirnos obligados a conservar la herencia que nos legaron nuestros padres. Pero esta obligación no debe basarse en la imposición de nuestra lengua a otras personas que no la comparten o en el exterminio de las suyas y el Estado sólo debería limitarse a reconocer y permitir el ejercicio de nuestros derechos. De esta manera, respetando la libertad de cada individuo, éste podrá conservar su legado lingüístico y evitar convertirse en un futuro en el último hablante de su lengua. Está en nuestras manos.


(1) Lenguas de España

jueves, 21 de enero de 2010

Alberto Núñez Feijoo y su concepto de libertad

El martes, Cristina López Schlichting entrevistaba a Alberto Núñez Feijoo. La entrevista completa puede ser oída aquí. Sin embargo, de toda la entrevista me gustaría destacar algunos momentos.

En el primero de ellos, Cristina hace a Núñez Feijoo una pregunta muy clara: ¿Por qué no pueden los padres de un alumno elegir la lengua en la que ha de ser educado su hijo?:



En esencia, lo que Núñez Feijoo afirma es que estos padres no pueden tener esta libertad de elección porque su programa electoral, la Constitución y el Estatuto de Autonomía no lo permiten. Evidentemente esta opinión es discutible, pero supongamos que fuera cierta. Surge inmediatamente la pregunta: ¿Qué es más importante? ¿Su programa electoral, la Constitución y el Estatuto de Autonomía o la libertad de los padres? Si realmente el dirigente popular considera que la libertad es el valor más importante, no debería haberse presentado con ese programa político y debería adoptar todas las medidas a su alcance para cambiar las leyes mencionadas.

Pero es en el segundo corte donde se clarifica la verdadera postura del presidente gallego:



- “Si usted cree que esto no es suficiente libertad, pues como es natural, seguro que usted tiene una opinión y yo otra” - le dice Núñez Feijoo a Cristina López Schlichting.

Y yo me pregunto: ¿Por qué ha de fijar un político el grado de libertad que ha de tener una persona? Al final todo se reduce a que el Estado impone su criterio al individuo. Por eso, dirigiéndome al Presidente de la Xunta de Galicia le digo sin ánimo de importunarle:

- ¿Podría usted, Sr. Núñez Feijoo, dar un poquito más de libertad a los que viven en Galicia? Sólo un poquito más, por favor.

domingo, 17 de enero de 2010

Aborto, ley natural, referendos y democracia

Desde hace unos días se está produciendo en Facebook un debate entre aquellos que estamos en contra del aborto. El motivo es la conveniencia de celebrar un referendo sobre la nueva Ley del Aborto. Leyendo las opiniones de ambas partes, se puede ver que compartimos las mismas ideas y que la diferencia se encuentra en una posición estratégica tomada para intentar que no se apruebe la mencionada ley.

Todo lo anterior me ha llevado a escribir esta entrada sobre el verdadero alcance de la democracia. Tanto católicos como la mayoría de liberales estamos de acuerdo en la existencia de leyes naturales que preceden a la existencia del Estado. Una de esas leyes sería el derecho a la vida. De esta forma, el Estado solamente tendría la facultad de proteger la correcta aplicación de estas leyes, no estando facultado para legislar en contra de las mismas. A esto se denomina iusnaturalismo. Ya San Pablo, en la Carta a los Romanos (2,14-15) afirmaba la existencia de esta ley:

“Cuando los paganos, que no tienen la Ley, guiados por la naturaleza, cumplen las prescripciones de la Ley, aunque no tengan la Ley, ellos son ley para sí mismos, y demuestran que lo que ordena la Ley está inscrito en sus corazones. Así lo prueba el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa”

En contra de la anterior posición se encuentran los iuspositivistas, que consideran que el Estado tiene capacidad para elaborar y modificar las leyes que estime conveniente, no reconociendo la existencia de leyes naturales anteriores al Estado.

Aunque pueda parecer una elucubración, el posicionarnos en uno u otro bando tiene consecuencias de mucho alcance y afecta al mismo sentido de la democracia. Para un positivista la única fuente de legitimidad es la decisión de la mayoría. No importa lo disparatado que pueda parecer una determinada ley; bastaría con que una mayoría la hubiera aprobado para considerase legítima. Esto deja las puertas abiertas a cualquier tipo de totalitarismo y la democracia se convertiría en una dictadura de la mayoría. Esto mismo lo afirmaba Hayek, en 1944, en su obra “Camino de Servidumbre”:

“No tenemos, empero, intención de hacer de la democracia un fetiche. Puede ser muy cierto que nuestra generación hable y piensa demasiado de democracia y demasiado poco de los valores que ésta sirve. (…) La democracia es esencialmente un medio, un expediente utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual. Como tal, no es en modo alguno infalible o cierta. Tampoco debemos olvidar que a menudo ha existido una libertad cultural y espiritual mucho mayor bajo un régimen autocrático que bajo algunas democracias; y se entiende sin dificultar que bajo el gobierno de una mayoría muy homogénea y doctrinaria el sistema democrático puede ser tan opresivo como la peor dictadura. Nuestra afirmación no es, pues, que la dictadura tenga que extirpar inevitablemente la libertad, sino que la planificación conduce a la dictadura, porque la dictadura es el más eficaz instrumento de coerción y de inculcación de ideales, y, como tal, indispensable para hacer posible una planificación central en gran escala. (…) Pero cuando la democracia deja de ser una garantía de la libertad individual, puede muy bien persistir en alguna forma bajo un régimen totalitario.”


Enlaces (Facebook):
Referéndum Vida Sí
No sometamos la Vida a Referendum

jueves, 14 de enero de 2010

Tertulias económicas socialdemócratas

Hace unos días, haciendo zapeo radiofónico, recalé en la tertulia económica de la Cope donde se hablaba del derecho de los controladores a cobrar un determinado sueldo. Luego, el debate adquirió carácter más general, pasando a debatirse el modo de fijar los salarios en cualquier ámbito. Pongo a continuación un corte de la tertulia sobre el que quiero hacer unos comentarios:

Tertulia económica de la Cope (Juan Pablo Cormenarejo, Miguel Ángel Belloso, Rafael Pampillón y Carlos Sánchez)



En el caso de empresas rescatadas por el Estado, se considera necesario que sea éste quien fije las retribuciones a los directivos. Evidentemente, el razonamiento es bastante lógico, pero se está dando por sentado que dicho rescate necesariamente tenía que producirse, sin tomar en cuenta que otra solución hubiera sido la no intervención de dichas empresas.

Uno de los tertulianos se pregunta cuándo calificar de éxito una determinada decisión empresarial en el sector bancario. Como da por sentado que ante los problemas de una determinada entidad bancaria, el Estado debería acudir en su ayuda, aconseja imponer la obligación de fijar un sistema de remuneración a más largo plazo. Nuevamente está dando una opinión favorable al intervencionismo. Sin embargo, para alguien que defiende una política económica liberal, es evidente que una determinada decisión empresarial es exitosa cuando se consiguen beneficios en el mercado. En eso consiste el riesgo empresarial. Por eso, cuando nuevamente el anterior tertuliano se pregunta quien debería “pagar el pato” de un error empresarial, es necesario contestarle que los errores deben ser asumidos por el empresario, los inversionistas y todas aquellas personas que libremente hayan decidido utilizar los servicios de la empresa en cuestión.

El debate continúa analizando la conveniencia de que fuese la administración la responsable de fijar determinados salarios. Negativas rotundas de los tertulianos. Supongo que esto les parece demasiado socialista, aunque seguidamente afirman que debería ser una moral comunitaria (de la sociedad) la que estableciera las cuantías de las retribuciones. No deja de ser curioso que aunque por una parte no deseen afirmar que sea el Estado quien fije los salarios, por otra, con su respuesta, caen de igual forma en una solución intervencionista, pues, ¿quién decidirá qué moral deberá utilizarse?

De esta forma, sin darse cuenta de lo anterior, continúan ahondando en la solución intervencionista, llegando a un planteamiento genuinamente socialista de la economía. Así, unos de los participantes expresa que le parece desproporcionado que, por ejemplo, un compañero economista gane diez veces más que el resto, pues quizás, el sueldo que percibe no se corresponde con el trabajo que realiza. Afirma entonces que hay algo que falla y que se deberían estudiar estos casos, pues se podrían cometer excesos que luego serian asumidos por el resto de la sociedad. Habría que preguntarle a la persona que hace este planteamiento, quién considera que debe decidir el grado de correspondencia entre remuneración y trabajo realizado. Después de esto, otro interviniente vuelve a preguntar cómo se mide el talento. Una vez más, habría que explicarle que el talento en estos casos es confirmado por el éxito en el mercado.

Al final del corte, se hace un planteamiento liberal de la situación, indicando que debe ser el empresario quien asuma los riegos y tome las decisiones, ya que éste siempre elegirá una política empresarial mucho más adecuada que la podría ser seleccionada por un funcionario.

Como hemos podido escuchar, muchos economistas siguen apostando por métodos socialistas o intervencionistas. Quizás estos se nieguen a reconocer su tendencia al colectivismo, al menos de modo expreso, pero al final, del sentido de sus palabras se puede deducir que no han acabado de confiar en el mercado.

domingo, 10 de enero de 2010

Manipulación y propaganda de la Progresía

Ayer me sorprendió el revuelo que ha provocado la tergiversación de una homilía de Monseñor Javier Martínez. Una vez más, la Progresía afila sus cuchillos dispuesta a trinchar a aquel que discrepa de sus opiniones. Si antes fue el turno del juez Serrano, ahora le ha tocado al Arzobispo de Granada. La web del Correo de Andalucía publicaba una noticia con siguiente título: El arzobispo de Granada: "Si la mujer aborta, el varón puede abusar de ella", donde se transcribía la siguiente frase de Monseñor Martínez:

"Matar a un niño indefenso, y que lo haga su propia madre, da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer, porque la tragedia se la traga ella"

Sin embargo, la frase completa era la siguiente (aquí el texto completo de la homilía):

“Pero matar a un niño indefenso, ¡y que lo haga su propia madre! Eso le da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer, porque la tragedia se la traga ella, y se la traga como si fuera un derecho: el derecho a vivir toda la vida apesadumbrada por un crimen que siempre deja huellas en la conciencia y para el que ni los médicos ni los psiquiatras ni todas las técnicas conocen el remedio.”

Y más adelante se afirmaba:

“Una adolescente engañada por el chico que abusó de ella o por sus padres, o por la imagen que tiene de sí misma, siempre tendrá en la Iglesia una casa, una familia y una madre.”

Sólo alguien con mucha mala fe, o tremendamente corta de inteligencia, podría decir que las anteriores palabras constituyen una apología del maltrato. Y además, la cosa no ha parado aquí. Se ha formado un grupo en Facebook que propone el encarcelamiento de Monseñor Martínez. Es claro que nos encontramos ante una fuerte ofensiva de la progresía más radical para acallar las voces que se levantan contra su ideología liberticida e uniformadora. Malos tiempos para la Libertad.

Aprovechando todo este jolgorio malsano, he estado visitando el anterior grupo de Facebook y otras webs y blogs denominados laicistas y, aunque ya pocas cosas me sorprenden, he podido ver con tristeza comentarios y viñetas propios de la década de los treinta. Como comentaba en el blog de Elentir, no acabo de imaginar qué experiencias vitales han llevado a estas personas a tener ese odio a todo lo relacionado con la Iglesia. Lo que no cabe duda es que la Izquierda (léase hoy en día, la Progresía) siempre ha sido muy hábil con la propaganda y la transformación de la realidad. Son famosas las misteriosas desapariciones en fotos de personas purgadas durante el régimen de Stalin y la continua propaganda procomunista orquestada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Incluso a fecha de hoy, una gran mayoría de medios de comunicación, propagadores de la ideología progresista, intenta intoxicar a la opinión pública, consiguiendo sus objetivos muchas veces.

Por último, todo esto también me ha recordado lo cuidadosos que hemos de ser al publicar algo en nuestros blogs. A veces, con la mejor intención, nos hacemos eco de una determinada noticia, pasando inmediatamente a publicar nuestra entrada. La gran mayoría de nosotros no somos periodistas, pero hemos de tener en cuenta que la información ha de contrastarse. Incluso aunque nuestros blogs sean pocos leídos, deberíamos escribir como si mañana mismo nuestros escritos fueran a salir mencionados en los primeros lugares de los diarios y las noticias de la televisión o la radio. Que se nos acuse de no saber redactar, pero que nadie sea capaz de acusarnos de manipular la realidad.


Nota: Si piensas que se está haciendo una injusticia con Monseñor Javier Martínez, únete al grupo de Facebook que lo apoya.

miércoles, 6 de enero de 2010

El "Estado Progre" no me protege (segunda parte)

En la primera parte comenté cómo el "Estado Progre" había desistido del uso de la violencia legítima para protegernos. Otra de las pocas funciones que debería asumir un Estado es la administración de justicia. Es evidente que sin el correcto funcionamiento de los tribunales, la libertad de cada miembro de una sociedad no podría garantizarse. En la actualidad podemos comprobar como en muchos casos, la Justicia es una herramienta obsoleta e ineficaz y en ocasiones politizada. De esta forma, el Estado de Derecho se convierte en una simple entelequia. ¿Quo vadis, Justicia?


viernes, 1 de enero de 2010

Escudos "aconfesionales" de Comunidades Autonómicas de España

En los últimos debates que he leído sobre la retirada de crucifijos de lugares públicos o institucionales, aquellas personas que apoyan esta medida afirmaban que al ser España un estado aconfesional, la cruz o el crucifijo no tenían cabida en estos lugares. Incluso cuando se les indicaba la presencia de este símbolo por su carácter cultural o histórico, seguían manteniendo su opinión favorable a su retirada. Para ellos, los símbolos religiosos son una cuestión privada e individual y el Estado no puede permitir su presencia, pues eso significaría tomar partido por una determinada confesión. He aplicado este razonamiento a todos los escudos de las distintas Comunidades Autonómicas españolas. De los diecinueve escudos (incluyo los de Ceuta y Melilla), solamente seis podría denominarse “aconfesionales” ya que no contienen la cruz. El resto tendrían que ser modificados. ¿Cuándo empezarán a pedirlo esas personas que apoyan la retirada de los crucifijos?




Aragón



Asturias



Canarias



Cantabria



Castilla-La Mancha



Cataluña



Galicia



La Rioja



Madrid



Murcia



Navarra



País Vasco



Comunidad Valenciana